ATHENS, Georgia — El debate nacional sobre inmigración se intensificó la semana pasada luego de que Donad Trump criticara duramente al presidente Joe Biden, diciendo que sus políticas fronterizas son las culpables de la muerte de una estudiante de enfermería de 22 años que, según las autoridades, fue asesinada por un inmigrante indocumentado en Athens, Georgia.

Republicanos de Georgia también están culpando a las políticas demócratas y presionando por leyes migratorias estrictas que hagan más difícil cruzar la frontera.

Ahora, los residentes hispanos de Athens dicen que temen que la retórica feroz provoque una reacción en contra de las comunidades hispanas y de inmigrantes, dejando a las personas en riesgo de sufrir violencia o de políticas locales severas.

“La gente tiene miedo”, dice María, una empleada de una tienda mexicana de comestibles en Athens. Los entrevistados pidieron que solo se usaran sus nombres, debido a su estatus migratorio y temor a represalias. “Puedo entender eso porque esta cosa terrible se ha vuelto hacia todos nosotros, los inmigrantes. …No todos somos iguales. Un hombre malo no puede cambiar el rostro de todos los hispanos”.

Laken Riley, una exestudiante de la Universidad de Georgia, fue reportada por un compañero de dormitorio como desaparecida, luego de que la semana pasada no regresara tras salir a correr por la mañana. Más tarde, la policía la halló muerta en una zona boscosa del campus.

Las autoridades arrestaron a José Antonio Ibarra, de 26 años, en relación a su muerte, bajo cargos de asesinato y agresión. Las autoridades federales dijeron que el sujeto ingresó ilegalmente a EE.UU. en 2022 y que fue arrestado previamente, al menos una vez.

El mensaje de Trump que vincula a los inmigrantes con crímenes violentos ha sido una de sus plataformas distintivas. Desde que anunció por primera vez que se postularía para presidente en 2015 –donde afirmó que México enviaba “violadores” a los Estados Unidos– Trump ha usado el mismo término para describir a los inmigrantes mexicanos a lo largo de su campaña y su tiempo en la Casa Blanca. Investigaciones sugieren que los inmigrantes cometen menos crímenes que las personas nacidas en EE.UU.

Los republicanos culpan a las ‘políticas fallidas’ de Biden

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, y el expresidente Donald Trump han culpado a Biden por la tragedia, acusando a sus “políticas fallidas” por permitir crímenes violentos en el país.

“El pueblo estadounidense sabe exactamente lo que pasó”, le dijo Kemp a Fox News el martes. “Este presidente… no (aseguró la frontera). …Ahora, tenemos a una joven muerta por eso”.

Tanto Biden como Trump visitaron la frontera la semana pasada, y se enfrentaron por políticas de reformas. Biden pidió al Congreso que aprobara una legislación bipartidista que introduciría algunas de las restricciones más duras en la frontera dentro de una generación.

“Ambas cámaras apoyaron esta legislación hasta que alguien apareció y dijo, ‘No hagas eso, beneficiará al titular’”, indicó Biden, culpando a Trump por el bloqueo del proyecto de ley. “Esa es una excelente manera de hacer negocios en Estados Unidos con un problema tan grave”.

El jueves, en Eagle Pass, Texas, Trump se refirió al “crimen de inmigrantes de Biden” cuando habló de la muerte de Riley. Culpó a Biden por permitir que millones de personas ingresaran a EE.UU. desde otros países y afirmó que los migrantes son peligrosos y “provienen de las cárceles”.

El debate sobre inmigración avivado por el asesinato de Riley ha conducido a que un proyecto de ley de Georgia, presentado por primera vez a principios de este año, gane impulso en la legislatura estatal. La legislación restringiría la financiación para las agencias policiales de Georgia que no ayudan a las autoridades federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También requeriría que todos los departamentos de policía y sheriff elegibles ayudaran a identificar a los inmigrantes indocumentados, los arrestaran y detuvieran para su deportación.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Georgia lo aprobaron el jueves.

Samuel Thomas, abogado de inmigración en Athens, dijo que el proyecto de ley permite al estado tomar medidas enérgicas contra cualquier departamento del sheriff o agencia policial local que no coopere con ICE.

“Creo que ellos (los inmigrantes) comparten algo de ansiedad ahora mismo, por el hecho de que, lo que Georgia está tratando de hacer con su nuevo proyecto de ley es tomar medidas enérgicas contra cualquier tipo de arresto, para intentar obtener el estatus de la persona que se está arrestando”, Thomas señaló.

Jean-Luc Rivera, subdirector ejecutivo de Latino Community Fund Georgia, una organización que brinda apoyo a las comunidades Latinx e hispanas en el estado, estuvo el jueves en el Capitolio en Atlanta para presionar a los legisladores estatales para que votaran en contra del proyecto de ley. Él afirma que la legislación está esparciendo miedo y creando un “ambiente de olla de presión” entre las comunidades inmigrantes hispanas.

“Esencialmente, las personas tendrán que llevar consigo su pasaporte todo el tiempo si creen que pueden ser sospechosos de ser extranjeros”, dijo Rivera. “Realmente abre las puertas a muchas leyes aterradoras”.

‘Creo que se va poner mal’

Rosa, una ciudadana mexicana que está en el país como indocumentada, teme que la intensa presión política provoque que los funcionarios locales rehabiliten un procedimiento para retener a personas en el país ilegalmente durante 48 horas para que ICE pueda recogerlas. Según dijo, si la política cambia, ella estaría constantemente bajo amenaza de deportación, algo que no ha sentido desde que llegó a Athens hace 11 años con su familia.

La madre de tres, que no puede obtener una licencia, actualmente solo conduce cuando no puede conseguir transporte para ir al mercado de especialidades donde trabaja. Pero dice que el cambio en la política haría que ella deje de tomar ese riesgo.

“Creo que se va a poner mal”, indicó. “Siempre ha habido un riesgo para los inmigrantes, pero con todo esto… no sé a dónde nos llevará”.

Mientras balancea empleos de medio tiempo con las responsabilidades en el hogar, Juan, un inmigrante de El Salvador, dijo que tiene poco tiempo para preocuparse. Pero eso cambió cuando su esposa le preguntó esta semana si había otros lugares en Estados Unidos en donde consideraría vivir.

Fue la primera vez que ella mencionaba algo sobre mudar a su familia de cuatro integrantes fuera de Athens, donde han estado seis años y se han establecido cómodamente.

“Se necesitará mucho para que nos vayamos de aquí”, afirmó. “(Pero) si la gente se enoja y Athens ya no es seguro para mi familia, ¿qué más podemos hacer?”.

‘Usado como ficha política’

La Asociación de Estudiantes Hispanos de la Universidad de Georgia, donde Riley fue estudiante, dijo en un comunicado en Instagram que el grupo ha recibido odio e intolerancia tras la muerte de Riley.

“Los comentarios hirientes y discriminatorios realizados tras la trágica pérdida de uno de los nuestros nos han conmovido profundamente a todos”, se lee en el comunicado.

La organización de Rivera, Latino Community Fund Georgia, también denunció comentarios de odio que están recibiendo los integrantes de la comunidad hispana, indicando en un comunicado que ciertas características no deben usarse para hacer generalizaciones o acusaciones sobre grupos grandes de personas.

“Rechazamos firmemente cualquier comentario o declaración que implique que los inmigrantes y/o latinos son peligrosos o un problema para nuestras comunidades”, señala el grupo.

Rivera dijo que en principio se sorprendió cuando se enteró del asesinato de Riley.

“Pero luego las cosas comenzaron a cambiar y podías ver que esto también se iba utilizar como una ficha política”, afirmó. “Fue entonces cuando comencé a preocuparme mucho por cómo esto afectaría a la comunidad de inmigrantes en Georgia”.

Rivera dijo que cree que la politización del asesinato de Riley resta valor a los temas principales –como la violencia contra las mujeres– y conduce a una legislación de represalia contra los inmigrantes, hostigamiento racial y más tácticas divisivas.

Manifestantes piden que el alcalde de Athens renuncie

Las tensiones estallaron en una conferencia de prensa esta semana, donde el alcalde del condado de Athens-Clarke, Kelly Girtz, fue interrumpido por manifestantes que pedían su renuncia. Algunos gritaban “mentiroso” mientras él hablaba, al tiempo que otros sostenían carteles que decían “SANGRE EN TUS MANOS” y “#MakeAthensSafeAgain” (Hagamos que Athens vuelva a ser segura).

Los manifestantes se refirieron repetidamente a la resolución firmada por Girtz en agosto de 2019, que denunció a la supremacía blanca y declaró necesario que “toda las personas, incluyendo aquellas sin documentación, se sintieran bienvenidas y cómodas al interactuar con las autoridades locales” y “su gobierno”.

“El Gobierno Unificado del Condado de Athens-Clarke da la bienvenida a personas de todos los países y orígenes y se esfuerza por fomentar una comunidad donde los individuos y familias de todos los estatus se sientan seguros, puedan prosperar, y puedan respirar libres”, de acuerdo con la resolución.

Girtz dijo que su gobierno no ha adoptado ninguna policía que haga de Athens una “ciudad santuario”, un término general usado para describir a los gobiernos locales que limitan la cooperación con las agencias federales que hacen cumplir las leyes de inmigración.

La legislatura del estado de Georgia prohibió la política de ciudad santuario en 2009 y, desde 2016, ha exigido a los gobiernos locales que presenten un documento, cada año, que certifique que no cuentan con políticas que impidan a los empleados notificar a los funcionarios federales sobre el estatus migratorio de una persona, de acuerdo con el Departamento de Auditorías y Cuentas de Georgia.

Girtz dijo a los periodistas que su oficina siempre ha cumplido con la ley estatal.

En 2018, la Oficina del Sheriff del Condado Clarke, que administra la cárcel de Athens, revisó su política que exige que el personal penitenciario retenga a los inmigrantes durante 48 horas y notifique al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Durante los últimos seis años, aproximadamente, la oficina del comisario solo mantiene en prisión a inmigrantes indocumentados y notifica a las autoridades federales si existe una orden de arresto contra ellos, según una copia de la política proporcionada por la propia oficina del sheriff a USA TODAY. La oficina del sheriff mantiene la política de que no puede “detener a personas únicamente por ser un extranjero indocumentado”.

Deborah Gonzalez, fiscal del distrito del circuito occidental, que se postula para la reelección, dijo en el memorando de su primer día que su oficina “tendrá en cuenta las consecuencias colaterales para los acusados indocumentados” al tomar decisiones sobre los cargos.